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Comunicado ESCRACHE A OSCAR HERMELO
FISCAL NACIONAL de EJECUCIÓN PENAL de la CAPITAL FEDERAL
A BOGADO DE LA DICTADURA CONDECORADO EN LA ESMA
FISCAL DE LA IMPUNIDAD
Miércoles 28 de noviembre 12 hs - Diagonal Norte y LavalleFISCAL DE LA IMPUNIDAD
Trabajó en la ESMA durante la dictadura en la Dirección de Talleres Automotores bajo las órdenes del represor Adolfo Scilingo.
Colaboró con el Grupo de Tareas 3.3.2, en el que revistaban los represores Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz preparando la documentación falsa para blanquear los autos que la dictadura le robaba a los detenidos desaparecidos.
Scilingo lo condecoró durante la dictadura por su colaboración con la Marina y denunció en democracia que era un hombre de confianza de la patota y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ESMA.
Su primo Ricardo Hermelo formaba parte del círculo de confianza del jefe de la armada, el almirante genocida Armando Lambruschini. Según distintas fuentes, este pariente fue la carta de recomendación del actual fiscal para trabajar en la ESMA
Hoy es el único Fiscal de Ejecución Penal de la Capital Federal: interviene en la ejecución de las penas de miles de personas privadas de su libertad.
Dictaminará, representando los intereses del Estado, sobre la ejecución de las penas de los represores que sean condenados en las megacausas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército, entre otras.
SI NO HAY JUSTICIA HAY ESCRACHE
H.I.J.O.S.
CONVOCAN:
H.I.J.O.S , MADRES DE PLAZA DE MAYO- LINEA FUNDADORA, FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS -ABRIENDO CAMINOS-AGRUPACION ENVAR EL KADRI,-COM. X LA MEM. Y LA JUS. DE LA PATERNAL Y V. MITRE-COM. DD.HH BAJO FLORES-COM. DE HOMENAJE PERMTE. A LOS COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS-CORRIENTE MILITANCIA POPULAR-EL GRADIENTE (MEDICINA- UBA)- ENLACE/ CUAL DERECHO- Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía-14 BIS ( DERECHO UBA )-GAC ( GRUPO DE ARTE CALLEJERO)-GEN(Generación por la Emancipación Nacional)-JUVENTUD CTA NACIONAL-LIBRES DEL SUR -MOTOQUEROS PERONISTAS-MURGA LOS VERDES DE MONSERRAT -NBI ( DERECHO UBA )-PR ( SOCIALES-UBA )-PPL-TRABAJADORES DE LA SEC. DE DEPORTES en ATE.
PLATA SUCIA
Lo llamaron botín de guerra. Se formó con las propiedades, desde las más sencillas hasta las más valiosas, de los miles de secuestrados que pasaron por la ESMA durante la última dictadura militar. Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 llegaron a montar una inmobiliaria para la refacción y venta de los inmuebles de los desaparecidos. ¿Cuál fue el destino de tantos millones de dólares?Alberto AmatoLa aparición en Suiza de cuentas bancarias a nombre de militares retirados, ex integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada que convirtió a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un centro clandestino de tortura y exterminio durante la última dictadura militar, sacó a la luz un aspecto de la represión ilegal a la subversión que, hasta hoy, había tapado el horror. Veinte años después de la "guerra sucia" y de la "plata dulce", emerge del desmadejado y umbrío pozo que dejó abierto la última dictadura militar, una nueva huella en el áspero camino hacia la verdad, que aún parece inalcanzable: el de la plata sucia, el lucro que dejó a los temidos Grupo de Tareas aquellos años de horror.Organismos de derechos humanos, ex "detenidos-desaparecidos" en la ESMA, militares retirados que recién hoy se animan a hablar, víctimas y victimarios en suma, calculan que no menos de setenta millones de dólares pasaron sólo por el Grupo de Tareas de la ESMA, integrado por poco más de ciento veinte hombres de la Armada que comandaba con mano de hierro el almirante Emilio Massera.Se calcula que cerca de cinco mil personas pasaron por la Casa de Oficiales de la ESMA, destinada a centro clandestino de detención, sala de torturas, depósito del "botín de guerra" y antesala de la muerte para la mayor parte de los secuestrados. Se cree que poco más de doscientas personas sobrevivieron.Las "fuentes de ingreso" de dinero del GT 3.3.2, según las fuentes personales y documentales consultadas por Clarín provenían de: - El saqueo de las casas de los secuestrados, de donde "la patota", como se conocía al grupo de secuestradores, se alzaba con dinero en efectivo, joyas, televisores, otros electrodomésticos, muebles, cuadros y cuanto hallaran o creyeran de valor. Tal lo que se desprende de los testimonios que se oyeron en el juicio a los ex comandantes del Proceso, en 1985.- El robo de los autos de los secuestrados que, o bien pasaban a formar parte de los "vehículos operativos" del Grupo de Tareas, o eran vendidos con documentación falsificada en la propia ESMA, según declaró a la Justicia uno de los sobrevivientes de esas mazmorras, Víctor Bazterra. El robo de automotores por parte de miembros de la ESMA siguió en forma "particular" al menos hasta 1983.- El dinero hallado en las también llamadas "casas operativas" del grupo guerrillero peronista Montoneros. Uno de sus ex jefes, Roberto Cirilo Perdía, dijo a Clarín que al menos doscientos mil dólares pasaron a manos del GT 3.3.2 sólo en diciembre de 1976, cuando fue apresado uno de los jefes regionales de la Capital Federal. Perdía calcula que otros veinticinco o treinta "responsables" (un término que en la jerga de los años 70 definía una jerarquía y una responsabilidad en los grupos guerrilleros) fueron apresados con entre veinte y cincuenta mil dólares.- Apropiación extorsiva de los inmuebles de los secuestrados o desaparecidos. No se sabe qué cantidad de casas y departamentos pasaron a manos del Grupo de Tareas entre 1976 y los primeros años de la década del 80, pero varios testimonios escuchados en el juicio a los ex comandantes y varios legajos de la CONADEP denuncian la existencia de una "inmobiliaria" armada por la ESMA para la venta de esos inmuebles.- Extorsión y chantaje a empresarios o a gente de dinero con familiares o allegados secuestrados en la ESMA, para garantizar la vida de esos detenidos, muchos de los cuales continúan hoy como "desaparecidos", lo que equivale a decir que fueron asesinados.- Venta de información a las familias de los secuestrados. En algunos casos, se habilitó a algunos secuestrados a telefonear a sus parientes y hasta a visitarlos. Varios fueron luego asesinados, según se desprende de la sentencia contra los ex comandantes que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal de la Capital Federal en 1985.- Secuestros con fines extorsivos de personas que no estaban relacionadas con la subversión.- Una suma nunca calculada de dinero proveniente de los bienes incautados al empresario Fernando Branca, cuya esposa, Martha Rodríguez Mc Cormack estaba vinculada al entonces almirante Massera. Branca desapareció el 28 de abril de 1977, en la Avenida del Libertador. En 1983, Massera fue procesado por la Justicia por estos hechos. Fue sobreseído en 1984 por "prescripción de la acción penal".- Estafas a la propia Armada. Según narró a Clarín el ex detenido Carlos García, secuestrado el 21 de agosto de 1977, que trabajó en el laboratorio de documentación e imprenta de la ESMA, "falsificábamos facturas que venían de Francia, principalmente del Centro Piloto, y de otros países europeos. Nos las traían Acosta, Schilling u otros oficiales de Inteligencia." Según García, esas facturas eran llenadas luego "con cifras enormes." El Centro Piloto de París fue una idea avalada por Massera de instalar en Francia una oficina destinada a "mejorar la imagen argentina". El intento de denunciar la actividad de los marinos le costó la vida a la diplomática Elena Holmberg, funcionaria de la Embajada Argentina en Francia que estaba a cargo de Tomás de Anchorena.- De los calculados setenta millones de dólares que pasaron por las manos del GT de la ESMA, sólo once millones trescientos mil fueron recaudados en dos hechos.El primero: en enero de 1977 el temido jefe del GT, el capitán Jorge Acosta, amenazó con torturar y violar a las hijas menores de diez años del "oficial segundo montonero" Toño González de Langarica, a cambio de que aceptara pasar a los marinos un millón trescientos mil dólares que el grupo guerrillero tenía depositado en Suiza, según revelaron Roberto Perdía en su libro Montoneros, la otra historia, el periodista Miguel Bonasso en un artículo del diario Página 12, y ratificó el propio Perdía en diálogo con Clarín. "Toño -dijo Perdía- tenía esa cuenta en Suiza a su nombre porque estaba a cargo de una operación compleja: debía comprar fierros (armas). Otro compañero, que aún vive y respeto, que no quiere figurar en esto y por eso no doy su nombre, también figuraba como titular de esa cuenta. Después de viajar a Suiza con los marinos, Toño fue obligado a dar una conferencia de prensa en Madrid como montonero arrepentido. A su lado estaba el teniente Benazzi (se refiere a Miguel Benazzi Berisso, miembro de Inteligencia del GT) que simulaba ser un montonero, hasta que se pisa al decir que él también abandona la organización subversiva. Fue luego ridiculizado por la revista Cambio 16." l segundo hecho comprende los diez millones de dólares en los que fueron valuadas las 26 hectáreas arrebatadas a las familias Cerutti-Masera Pincolini en Chacras de Coria, Mendoza .TestimoniosEn 1984, Juan Carlos Rossi denunció que fue secuestrado el 23 de agosto de 1978 y, sin razón alguna, lo llevaron a la ESMA. Allí fue torturado para que diera datos sobre personas que él no conocía. A los 14 días fue liberado en Olivos. "A la semana de haber desaparecido -narró Rossi- se hicieron presentes en mi casa unas dieciocho personas de civil las que, con dos camiones, procedieron a llevarse toda la maquinaria de la imprenta que poseía (...) Esto significaba el producto de toda mi vida de trabajo." La denuncia de Rossi figura en el Legajo 1948 de la CONADEP.En el legajo 6321 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas, Nilda Noemí Actis Goretta denunció que los miembros del GT se desplazaban en autos que habían sido previamente robados y con sus chapas patentes modificadas. La denunciante agrega: "(...) Para febrero de 1979 ya funcionaba una inmobiliaria con el fin de refaccionar las casas para la venta, ya que en algunos casos habían sido semidestruídas en el intento de secuestrar a sus moradores. El procedimiento consistía en obligar al detenido a firmar un poder mediante el cual autorizaba la venta de su vivienda. En algunos casos ese poder se falsificaba." En una de las sesiones del juicio a los ex comandantes, Miriam Lewin de García llegó incluso a dar la dirección de una de esas inmobiliarias: "(...) Me destinan a trabajar a una casa que se encontraba en el barrio de Núñez, en la calle Zapiola 3696, Jaramillo y Zapiola. Esa casa era propiedad de los padres del teniente Radice que ya no revistaba más en la Armada sino que se desempeñaba como secretario del almirante Massera en las oficinas de la calle Cerrito. El testimonio hacía referencia a uno de los hombres de confianza del ex jefe de la Armada, considerado como el mejor tirador del GT 3.3.2, a quien, hoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, vincula a la custodia personal del empresario Alfredo Yabrán, según una lista que la entidad hizo llegar a este diario). Exactamente en diagonal a esa casa -proseguía el testimonio- habitaba un primo de Radice de alias "Barbeta" (...) que estaba encargado de administrar para Massera propiedades que habían sido robadas o apropiadas a personas secuestradas. (...) En una oportunidad yo visito esa inmobiliaria que tengo entendido funcionó antes en Vicente López (...) quedaba en la calle Ciudad de la Paz, en un edificio estilo petit hotel (...)" Según pudo establecer 3Clarín en su investigación, en febrero de 1979 la "inmobiliaria" del GT 3.3.2 de la ESMA funcionaba en la calle Ignacio Warnes 350-352, de Vicente López. Meses después se trasladó a Ciudad de la Paz 1034, planta alta. Ese local fue alquilado con documentación falsa, sin que los dueños supieran nunca para que iba a ser usado.Otros de los secuestrados que pasó por la ESMA, además de por otros cuatro campos de concentración, es Mario Villani. Su casa fue vendida por el GT 3.3.2: "Creo recordar que me dijeron que habían puesto un aviso en el diario. Me preguntaron con qué escribano había comprado la casa y lo llamaron para avisarle que la iba a vender. Fuimos a lo del escribano, no recuerdo su nombre, y nos encontramos con el comprador. Una vez en la escribanía firmé la escritura y el comprador me entregó el dinero. A mi me acompañaron Juan Carlos Linares y otro que no recuerdo si era Paco o Federico (se refiere a dos represores de la ESMA, el primero miembro de la Policía Federal). Firmé, me dieron la plata dije mucho gusto y me fui con mis acompañantes. Subimos al auto y antes de arrancar me dijeron: Venga la guita. Escuché otros casos en los que el escribano lo ponían ellos". En su libro, el ex marino Adolfo Scilingo sostiene que la flota de autos robados por el GT 3.3.2 alcanzó en algún momento 202 vehículos. Entre ellos había patrulleros policiales, camiones camuflados como de empresas estatales, una camioneta especial a la que llamaban SWAT, camiones y ómnibus, además de autos que habían pertenecido a desaparecidos. El resto de los vehículos secuestrados había sido vendido. Scilingo, que admite haber dirigido la sección Automotores de la ESMA, cita como uno de sus colaboradores más estrechos al abogado Oscar Hermelo, a quien califica como "hombre de confianza del GT 3.3.2, que dependía de Massera". El hecho no debería llamar la atención si no fuera porque Hermelo es hoy fiscal de primera instancia en lo Criminal y ex fiscal nacional ante los Juzgados de Ejecución Penal. Consultado por Clarín, Hermelo dijo que nunca tuvo vinculación con el Grupo de Tareas de la ESMA. "Yo ayudé a Scilingo a liquidar sueldos de la gente. Esa área no tenía vinculación con grupos operativos. Conocimos mucho después lo que pasaba. Yo fui amigo de Scilingo. La amistad terminó. La de él es una operación de prensa contra mí. Estoy estudiando junto a otros colegas hacer una presentación judicial contra Scilingo." La batalla legal que está a punto de desatarse también contará con la participación del abogado Horacio Méndez Carreras, defensor de los familiares de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon, asesinadas en la ESMA, según reveló Scilingo y se desprende de los testimonios dados en el juicio a las juntas militares. "A partir del libro de Scilingo, estoy estudiando la posibilidad de pedir que se le quite la matrícula de abogado a Hermelo.", dijo a Clarín. Apenas unos fragmentos de la telaraña de sangre, horror y muerte que rodeó el accionar de los grupos de tareas de la dictadura, empiezan a deshilacharse. Detrás no se ve nada. Sólo preguntas. ¿Adónde fue a parar el llamado "botín de guerra"? Según algunas fuentes, parte del dinero de la ESMA financió el proyecto político de Massera y su órgano de prensa, el diario Convicción, en el que trabajaron como mano de obra esclava algunos secuestrados de la ESMA.El resto es un misterio. Si Suiza decide revelar la existencia de más cuentas a nombre de militares argentinos, si accede a hacer público el movimiento de esas cuentas halladas en la capital del dinero, fechas de depósitos y de extracciones, sería posible establecer el destino que se le dió al "botín de guerra".De lo contrario, sólo quedan las hipótesis. Y muy pocas certezas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entregó a Clarín una sugestiva lista de miembros del aparato de seguridad del empresario Alfredo Yabrán. En ella figuran quienes fueron los más temidos represores en el GT 3.3.2 (la mención del nombre de algunos de ellos aún provoca escalofríos en los sobrevivientes) en convivencia con varios ex secuestrados en la ESMA. En la lista se cita al capitán Jorge "Tigre" Acosta, a Roberto Fernández (que actuó con el alias de "Federico" en la ESMA), Angel Laurenzano (un ex secuestrado), el teniente Jorge Radice, el capitán Alberto González Menotti (conocido como "El Gato) y el ex oficial de la Armada Enrique Peyon. También figura en la lista Gregorio Ríos, detenido hoy bajo el cargo de haber instigado el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.Colaboraron: Mariano Thieberger, Guido Braslavsky, Damián Nabot. En Mendoza: Renato Di Fabio.Para la elaboración de esta nota, además de los documentos citados, se utilizó: Nunca más - Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Actas del juico oral y público contra los comandantes de las primeras tres juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional, Causa 13, 1984. La Sentencia, dictada en la Causa 13 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Pro Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Federal.
Fuente: Clarín - ArgentinaFecha : 2/1/98
Fuente: Clarín - ArgentinaFecha : 2/1/98
Acusan otra vez a un fiscal de colaborar en la ESMA
MEMORIAS DE LA REPRESION DE ESTADO
Es el fiscal Hermelo, a quien le abrió un sumario la Procuración General
El ex capitán Scilingo dijo que tenía pleno conocimiento de todo lo que pasaba
El ex capitán Adolfo Scilingo confirmó que el actual fiscal de Ejecución Penal de la Capital Federal, Oscar Hermelo, trabajó en la ESMA bajo sus órdenes y aseguró que el abogado tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría allí.El caso de Hermelo salió a la luz luego de una investigación publicada por Clarín el pasado domingo, y que decidió al procurador general, Nicolás Becerra, abrir un sumario administrativo para analizar el trabajo del fiscal. Ayer, Becerra pidió al Centro de Estudios Legales y Sociales (entidad que reúne información de represores ilegales y desaparecidos) que confirme la información publicada.Hermelo reconoció que en los años de plomo trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la Dirección de Talleres, bajo órdenes de Scilingo. Pero alegó desconocer lo que ocurría en otro sector del edificio, donde eran torturados y muertos los civiles secuestrados por el grupo de tareas 3.3.2.Desde Madrid, donde permanece a disposición del juez Baltasar Garzón, Scilingo sostuvo ayer que Hermelo era un hombre de confianza del grupo operativo, y agregó que era imposible negar cómo y para qué se trabajaba.Tampoco ahorró detalles del trabajo de Hermelo en la época de la dictadura. Apuntó que en el área de automotores, se ocupaba muy bien de la liquidación de sueldos y el control logístico de los repuestos. Y si bien admitió que los civiles tenían el paso prohibido al casino de oficiales de la ESMA (en donde trabajaba el grupo operativo) subrayó que todo este personal sabía qué tareas hacíamos, porque reformábamos vehículos en una forma muy particular, y las conversaciones eran permanentes sobre el tema. El veía los vehículos que llegaban con sangre, graficó Scilingo.Sin embargo, el ex represor negó que el abogado tenga relación con la venta de inmuebles y elementos robados a los desparecidos durante los operativos. Según el CELS, un abogado de apellido Hermelo tenía la tarea de administrar este botín. Su nombre de guerra, en la jerga de la represión, era Vaca.Otro Hermelo que estaba en la Marina, aunque en planos más elevados, era su primo Ricardo Hermelo, un capitán de navío que frecuentaba el círculo íntimo del ex titular de esta Fuerza, el almirante Armando Lambruschini. Según distintas fuentes, este pariente fue la carta de recomendación del actual fiscal para trabajar en la ESMA, hacia 1977.Al mismo tiempo, Oscar Hermelo seguía con su trabajo en Tribunales, en una carrera que lo llevó a ser nombrado fiscal de Ejecución Penal en 1994.La relación entre Hermelo y Scilingo siguió luego de que compartieran el trabajo en la ESMA. El abogado aseguró que la amistad se cortó cuando el ex marino le pidió ayuda por estar comprometido en una causa por supuesta extorsión, y que tuvo la respuesta negativa del letrado. Esto fue negado por Scilingo, quien dijo jamás le pedí ningún favor mientras estuvo detenido por extorsión.Scilingo ya había implicado a Hermelo sin mayores rodeos, en el libro El Vuelo, de Horacio Verbistky. Allí relató cómo se drogaba a los detenidos para luego arrojarlos con vida al Río de la Plata.Con indisimulado rencor, Scilingo redobló la carga contra Hermelo y afirmó que las relaciones entre el fiscal y el ex almirante Eduardo Massera continúan. Hermelo responde a otros intereses, encausado en ideas masseristas más acorde a lo que se ha hecho en su momento que a decir la verdad, dijo.
Es el fiscal Hermelo, a quien le abrió un sumario la Procuración General
El ex capitán Scilingo dijo que tenía pleno conocimiento de todo lo que pasaba
El ex capitán Adolfo Scilingo confirmó que el actual fiscal de Ejecución Penal de la Capital Federal, Oscar Hermelo, trabajó en la ESMA bajo sus órdenes y aseguró que el abogado tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría allí.El caso de Hermelo salió a la luz luego de una investigación publicada por Clarín el pasado domingo, y que decidió al procurador general, Nicolás Becerra, abrir un sumario administrativo para analizar el trabajo del fiscal. Ayer, Becerra pidió al Centro de Estudios Legales y Sociales (entidad que reúne información de represores ilegales y desaparecidos) que confirme la información publicada.Hermelo reconoció que en los años de plomo trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la Dirección de Talleres, bajo órdenes de Scilingo. Pero alegó desconocer lo que ocurría en otro sector del edificio, donde eran torturados y muertos los civiles secuestrados por el grupo de tareas 3.3.2.Desde Madrid, donde permanece a disposición del juez Baltasar Garzón, Scilingo sostuvo ayer que Hermelo era un hombre de confianza del grupo operativo, y agregó que era imposible negar cómo y para qué se trabajaba.Tampoco ahorró detalles del trabajo de Hermelo en la época de la dictadura. Apuntó que en el área de automotores, se ocupaba muy bien de la liquidación de sueldos y el control logístico de los repuestos. Y si bien admitió que los civiles tenían el paso prohibido al casino de oficiales de la ESMA (en donde trabajaba el grupo operativo) subrayó que todo este personal sabía qué tareas hacíamos, porque reformábamos vehículos en una forma muy particular, y las conversaciones eran permanentes sobre el tema. El veía los vehículos que llegaban con sangre, graficó Scilingo.Sin embargo, el ex represor negó que el abogado tenga relación con la venta de inmuebles y elementos robados a los desparecidos durante los operativos. Según el CELS, un abogado de apellido Hermelo tenía la tarea de administrar este botín. Su nombre de guerra, en la jerga de la represión, era Vaca.Otro Hermelo que estaba en la Marina, aunque en planos más elevados, era su primo Ricardo Hermelo, un capitán de navío que frecuentaba el círculo íntimo del ex titular de esta Fuerza, el almirante Armando Lambruschini. Según distintas fuentes, este pariente fue la carta de recomendación del actual fiscal para trabajar en la ESMA, hacia 1977.Al mismo tiempo, Oscar Hermelo seguía con su trabajo en Tribunales, en una carrera que lo llevó a ser nombrado fiscal de Ejecución Penal en 1994.La relación entre Hermelo y Scilingo siguió luego de que compartieran el trabajo en la ESMA. El abogado aseguró que la amistad se cortó cuando el ex marino le pidió ayuda por estar comprometido en una causa por supuesta extorsión, y que tuvo la respuesta negativa del letrado. Esto fue negado por Scilingo, quien dijo jamás le pedí ningún favor mientras estuvo detenido por extorsión.Scilingo ya había implicado a Hermelo sin mayores rodeos, en el libro El Vuelo, de Horacio Verbistky. Allí relató cómo se drogaba a los detenidos para luego arrojarlos con vida al Río de la Plata.Con indisimulado rencor, Scilingo redobló la carga contra Hermelo y afirmó que las relaciones entre el fiscal y el ex almirante Eduardo Massera continúan. Hermelo responde a otros intereses, encausado en ideas masseristas más acorde a lo que se ha hecho en su momento que a decir la verdad, dijo.
El fiscal Hermelo, denunciado en la Conadep, y su denuncia al juez
En el Consejo de la Magistratura, el juez Sergio Delgado, acusado por el fiscal que participó en la ESMA, será defendido por personalidades académicas.
El registro histórico de Oscar Hermelo (h.)
recibiendo una distinción de manos de Adolfo Scilingo.
Por Raúl KollmannDistintas personalidades del mundo académico y del derecho participarán de la defensa del juez Sergio Delgado ante el Consejo de la Magistratura. El magistrado fue acusado por el fiscal Oscar Hermelo (h.) por haberle otorgado libertades transitorias o extraordinarias a una importante cantidad de presos, lo que derivará en un trascendente debate sobre las reincidencias, los derechos de los detenidos y el funcionamiento de los servicios penitenciarios. El perfil del fiscal Hermelo no es un dato menor: figura en el listado de la Conadep con actuación en la ESMA, usando el seudónimo Vaca y “encargado de la compra y venta de las casas y de los bienes saqueados en los secuestros”. Hermelo (h.) admite que estuvo en la ESMA, pero en la Dirección de Talleres, en la que –según él– no se enteraron de las torturas y asesinatos del Grupo de Tareas 3.3.2, que funcionaba en el casino ubicado a unos 150 metros dentro de la misma unidad de la Marina.El próximo capítulo del choque Hermelo –Delgado será el 5 de agosto en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Ese día, el magistrado expondrá lo que él considera criterios jurídicos divergentes con el fiscal Hermelo. Uno de los puntos más críticos de la controversia es que en muchos casos el juez no ha aceptado las calificaciones que pone el Servicio Penitenciario. Sucede que la ley establece que tienen derecho a salidas transitorias los presos que cumplieron la mitad de su condena, “quienes tienen conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación” y quienes tienen un concepto favorable del Servicio Penitenciario (SP). En muchos casos, Delgado no acepta los dictámenes del SP por considerarlos erróneos o arbitrarios. Sucede que en el ambiente penitenciario se conoce que la buena conducta se consigue a cambio de dinero y en muchos casos se utiliza el sistema como forma de reprimir a los que se rebelan contra los presos-matones que reducen a la esclavitud e incluso a la prostitución a los presos más débiles.El fiscal Hermelo, por su parte, argumenta que son varios los casos de presos liberados por Delgado que vuelven a cometer delitos durante las salidas transitorias. El último caso se produjo el jueves pasado, cuando Luis Presas, quien está internado en el penal de Devoto por un caso de narcotráfico, fue detenido tras robar y tirotearse con la policía. Presas se recibió de abogado en la cárcel y tenía salidas transitorias para trabajar en su flamante profesión. Según los policías, ya había sido detenido en una ocasión, también por un robo en ocasión de una salida transitoria, aunque no fue condenado por aquel hecho. Hermelo asegura que el tribunal que lo juzgó dio por probado el robo, pero no lo condenó por razones técnicas. De todas maneras, el fiscal acusa al juez de dar más de 300 libertades que no correspondían y el magistrado responde que siempre se ajustó a derecho, que la mayor parte de sus medidas fueron confirmadas por la Cámara de Casación y que el problema de fondo es que tienen visiones contrapuestas sobre los derechos de los detenidos y el objetivo de resocialización de los presos.En el sistema actual, el fiscal tiende a oponerse a cualquier libertad para un detenido y lo propio hace la mayoría de los jueces, que no quieren correr riesgos de que alguno de los presos que gozan de salidas transitorias reincida en el delito. A esto hay que agregar que el 90 por ciento de los presos no tiene defensor porque ya no tienen con qué pagarlo y tampoco asistencia de su familia. En el penal de Devoto, por ejemplo, apenas el diez por ciento de los internos recibe visitas porque en buena parte de los casos sus familias ni siquiera tienen el dinero para pagarse el boleto de colectivo.La confrontación de Hermelo con Delgado no sólo se explica por las visiones distintas, sino también por los antecedentes del fiscal. En 1998 el Centro de Estudios Legales y Sociales le pidió a la Procuración que abriera un expediente para investigar el papel de Hermelo en la ESMA. La foto en la que el ex capitán Adolfo Scilingo aparece entregándole una condecoración a Hermelo (ver aparte), que luce flaco como en la actualidad, por servicios prestados como civil a los marinos es elocuente. En aquellos años, el ahora fiscal revistaba en la ESMA y también en la Justicia, por lo cual –según el CELS– no pudo desconocer lo que estaba pasando en un lugar donde asesinaron y torturaron a miles de personas. Hermelo ingresó a la ESMA por vinculaciones familiares –un primo era marino de alto rango– y de acuerdo al testimonio de los detenidos los bienes robados en los operativos de los grupos de tareas eran vendidos por abogados y contadores. Entre ellos –de acuerdo a la cita de la Conadep– estaba Vaca, el seudónimo que presuntamente utilizaba Hermelo. Fuentes del CELS relataron a este diario que tras la denuncia realizada por ese organismo en 1998, la Procuración derivó el caso a una comisión de disciplina que no se expidió, argumentando que no tenía facultades.
El registro histórico de Oscar Hermelo (h.) recibiendo una distinción de manos de Adolfo Scilingo.
Por Raúl KollmannDistintas personalidades del mundo académico y del derecho participarán de la defensa del juez Sergio Delgado ante el Consejo de la Magistratura. El magistrado fue acusado por el fiscal Oscar Hermelo (h.) por haberle otorgado libertades transitorias o extraordinarias a una importante cantidad de presos, lo que derivará en un trascendente debate sobre las reincidencias, los derechos de los detenidos y el funcionamiento de los servicios penitenciarios. El perfil del fiscal Hermelo no es un dato menor: figura en el listado de la Conadep con actuación en la ESMA, usando el seudónimo Vaca y “encargado de la compra y venta de las casas y de los bienes saqueados en los secuestros”. Hermelo (h.) admite que estuvo en la ESMA, pero en la Dirección de Talleres, en la que –según él– no se enteraron de las torturas y asesinatos del Grupo de Tareas 3.3.2, que funcionaba en el casino ubicado a unos 150 metros dentro de la misma unidad de la Marina.El próximo capítulo del choque Hermelo –Delgado será el 5 de agosto en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Ese día, el magistrado expondrá lo que él considera criterios jurídicos divergentes con el fiscal Hermelo. Uno de los puntos más críticos de la controversia es que en muchos casos el juez no ha aceptado las calificaciones que pone el Servicio Penitenciario. Sucede que la ley establece que tienen derecho a salidas transitorias los presos que cumplieron la mitad de su condena, “quienes tienen conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación” y quienes tienen un concepto favorable del Servicio Penitenciario (SP). En muchos casos, Delgado no acepta los dictámenes del SP por considerarlos erróneos o arbitrarios. Sucede que en el ambiente penitenciario se conoce que la buena conducta se consigue a cambio de dinero y en muchos casos se utiliza el sistema como forma de reprimir a los que se rebelan contra los presos-matones que reducen a la esclavitud e incluso a la prostitución a los presos más débiles.El fiscal Hermelo, por su parte, argumenta que son varios los casos de presos liberados por Delgado que vuelven a cometer delitos durante las salidas transitorias. El último caso se produjo el jueves pasado, cuando Luis Presas, quien está internado en el penal de Devoto por un caso de narcotráfico, fue detenido tras robar y tirotearse con la policía. Presas se recibió de abogado en la cárcel y tenía salidas transitorias para trabajar en su flamante profesión. Según los policías, ya había sido detenido en una ocasión, también por un robo en ocasión de una salida transitoria, aunque no fue condenado por aquel hecho. Hermelo asegura que el tribunal que lo juzgó dio por probado el robo, pero no lo condenó por razones técnicas. De todas maneras, el fiscal acusa al juez de dar más de 300 libertades que no correspondían y el magistrado responde que siempre se ajustó a derecho, que la mayor parte de sus medidas fueron confirmadas por la Cámara de Casación y que el problema de fondo es que tienen visiones contrapuestas sobre los derechos de los detenidos y el objetivo de resocialización de los presos.En el sistema actual, el fiscal tiende a oponerse a cualquier libertad para un detenido y lo propio hace la mayoría de los jueces, que no quieren correr riesgos de que alguno de los presos que gozan de salidas transitorias reincida en el delito. A esto hay que agregar que el 90 por ciento de los presos no tiene defensor porque ya no tienen con qué pagarlo y tampoco asistencia de su familia. En el penal de Devoto, por ejemplo, apenas el diez por ciento de los internos recibe visitas porque en buena parte de los casos sus familias ni siquiera tienen el dinero para pagarse el boleto de colectivo.La confrontación de Hermelo con Delgado no sólo se explica por las visiones distintas, sino también por los antecedentes del fiscal. En 1998 el Centro de Estudios Legales y Sociales le pidió a la Procuración que abriera un expediente para investigar el papel de Hermelo en la ESMA. La foto en la que el ex capitán Adolfo Scilingo aparece entregándole una condecoración a Hermelo (ver aparte), que luce flaco como en la actualidad, por servicios prestados como civil a los marinos es elocuente. En aquellos años, el ahora fiscal revistaba en la ESMA y también en la Justicia, por lo cual –según el CELS– no pudo desconocer lo que estaba pasando en un lugar donde asesinaron y torturaron a miles de personas. Hermelo ingresó a la ESMA por vinculaciones familiares –un primo era marino de alto rango– y de acuerdo al testimonio de los detenidos los bienes robados en los operativos de los grupos de tareas eran vendidos por abogados y contadores. Entre ellos –de acuerdo a la cita de la Conadep– estaba Vaca, el seudónimo que presuntamente utilizaba Hermelo. Fuentes del CELS relataron a este diario que tras la denuncia realizada por ese organismo en 1998, la Procuración derivó el caso a una comisión de disciplina que no se expidió, argumentando que no tenía facultades.
La dudosa historia de un fiscal que fue abogado de la ESMA
DERECHOS HUMANOS: ACUSADO DE ADMINISTRAR LOS BOTINES DE LOS SECUESTROS
Se trata de Oscar Hermelo, fiscal de Ejecución Penal
Lo denuncian el ex marino Scilingo y organismos de derechos humanos
Ahora la Procuración de Justicia lo investiga, a raíz de una nota publicada por Clarín.
GERARDO YOUNLos vientos de revisionismo han llegado al corazón de la Justicia como en un huracán. La Procuración General de la Nación abrió un expediente administrativo para analizar vida y obra de un fiscal que podría ser destituido porque trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la última dictadura militar.La única defensa que puede salvar a Oscar Hermelo (48), ahora fiscal de Ejecución Penal de la Capital, es convencer al procurador ante la Corte, Nicolás Becerra, y a los organismos de derechos humanos, que fue un simple empleado administrativo de la ESMA ajeno a los horrores que se vivieron allí, donde, según todas las denuncias, se secuestró, torturó e hizo desaparecer a casi 5.000 personas.De acuerdo con los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que reúne información de distintos registros de represores y desaparecidos, durante la dictadura trabajó en la ESMA un abogado de apellido Hermelo -su nombre de guerra era Vaca- que estaba encargado, junto con otros, de administrar el botín obtenido por los grupos de tareas en los secuestros.¿Se trata de una gran casualidad o es el mismo Hermelo? Uno de los que sostiene que el fiscal participó en la represión ilegal es el ex capitán arrepentido Adolfo Scilingo, quien relató los asesinatos ejecutados por la Marina en los vuelos que se hicieron para arrojar a personas aún con vida sobre el Río de la Plata.El procurador general Nicolás Becerra se enteró de la acusación de Scilingo por una investigación publicada por Clarín el domingo pasado -en la Segunda Sección- y decidió abrir un sumario administrativo donde analizará su trabajo como fiscal, investigará hasta la ideología de sus dictámenes y le pedirá explicaciones sobre su vida personal y pública.El fiscal Hermelo, atrapado en su pasado, habló con este diario y admitió que trabajó en la ESMA, aunque asegura que lo hizo en la Dirección de Talleres -donde cumplía sus tareas Scilingo-, que nunca vio nada extraño y que sólo se encargaba de liquidar sueldos y pagar impuestos. No sabía lo que pasaba, se excusó.Distintas fuentes confiaron que Hermelo trabajó en la Marina durante varios meses de 1977 gracias a la recomendación de un primo suyo, Ricardo Hermelo, capitán de navío que llegó a ocupar el entorno íntimo del ex jefe de la Armada, almirante Armando Lambruschini.Allí conoció a Scilingo. Se hicieron buenos amigos. Por eso el ex capitán fue elegido para entregarle una condecoración que les daban a los civiles que ayudaban a la Marina, escena que se fotografió y que ahora le puede costar el futuro a Hermelo.En ese momento Hermelo ya era abogado -coincidiendo con los archivos del CELS- y compartía sus tareas en la ESMA con su trabajo en Tribunales, donde ingresó en 1967 iniciando una carrera judicial que nunca interrumpió y en la que volvió a encontrarse con Scilingo hace dos años, cuando él le pidió ayuda para una causa en la que el marino era investigado por una extorsión.Hermelo fue nombrado fiscal de Ejecución Penal, cargo que ocupa ahora, el 5 de octubre de 1994, cuando era ministro de Justicia Rodolfo Barra.Aunque nadie se acuerda de quién lo recomendó, se da por hecho que pudo haber incidido en el nombramiento su padre, Oscar Hermelo -al que llaman el Cosaco-, que fue camarista penal y como juez estuvo a cargo de la masacre de la Puerta 12, cuando el 23 de junio de 1968 murieron 71 personas aplastadas en la cancha de River, luego de un partido de fútbol. Uno de los argumentos del fiscal para negar haber participado en la represión es que la Dirección de Talleres de la ESMA estaba a unos 400 metros del casino de oficiales y del resto de los sectores donde se torturaba a los detenidos, zona aparentemente vedada a los que no pertenecían al grupo de tareas 3.3.2., donde cumplían funciones, entre otros, el ex capitán Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz.Lo que nunca se supo es la lista certera de quiénes se encargaron de la venta de bienes saqueados en los secuestros, integrantes de la parte logística del grupo de tareas. Aunque se denunciaron a algunos nombres, hasta el día de hoy existe la vaga idea de que abogados y contadores dirigían esa tarea.Si bien es cierto que la aparición de un abogado de apellido Hermelo en las listas de represores no asegura que haya sido él -ya que las listas, en gran parte, fueron confeccionadas por lo que escucharon los detenidos- en la Asociación Madres de Plaza de Mayo dicen que hace tiempo que lo tienen en la mira, buscando algún dato que confirme sus presunciones.Además del primo marino que le consiguió el trabajo en la ESMA, el fiscal es nieto del contralmirante Ricardo Hermelo, que estuvo al mando de la Prefectura Naval, fue jefe de la Policía Federal y estuvo acusado, y luego absuelto, de fusilar obreros en la década del 30 como favor a los patrones de algunas empresas.En su círculo íntimo, El flaco -como le dicen- suele contar sus antecedentes familiares y mostrar la tragedia que siempre marcó su vida. En 1972, cuando era pinche de un Juzgado, fue testigo de un fusilamiento que puso entre cuerdas a su jefe, el entonces juez de instrucción Horacio Benini. El juez le había ordenado a Hermelo y a un custodio de apellido Silva que capturaran a un prófugo que habían descubierto trabajando en el subte de Callao y Corrientes. Lo hicieron, pero después, el custodio mató a tiros y por la espalda, al hombre recién capturado. Ese caso originó una investigación que todavía se comenta en los Tribunales y que puso en jaque al juez y al custodio, rozando al fiscal. Al final, todos fueron absueltos.Hermelo ahora tiene su despacho en Diagonal Norte 1750, donde se dedica a evaluar y hacer veredictos sobre el control y libertades de los detenidos de las cárceles federales del país. Vive en Palermo Viejo con su mujer, que es empleada de una Defensoría oficial y asegura estar pagando el crédito de un banco que lo ayudó a comprar su casa. Su futuro, ya se lo dijeron, tambalea ante la Justicia.
Se trata de Oscar Hermelo, fiscal de Ejecución Penal
Lo denuncian el ex marino Scilingo y organismos de derechos humanos
Ahora la Procuración de Justicia lo investiga, a raíz de una nota publicada por Clarín.
GERARDO YOUNLos vientos de revisionismo han llegado al corazón de la Justicia como en un huracán. La Procuración General de la Nación abrió un expediente administrativo para analizar vida y obra de un fiscal que podría ser destituido porque trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante la última dictadura militar.La única defensa que puede salvar a Oscar Hermelo (48), ahora fiscal de Ejecución Penal de la Capital, es convencer al procurador ante la Corte, Nicolás Becerra, y a los organismos de derechos humanos, que fue un simple empleado administrativo de la ESMA ajeno a los horrores que se vivieron allí, donde, según todas las denuncias, se secuestró, torturó e hizo desaparecer a casi 5.000 personas.De acuerdo con los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que reúne información de distintos registros de represores y desaparecidos, durante la dictadura trabajó en la ESMA un abogado de apellido Hermelo -su nombre de guerra era Vaca- que estaba encargado, junto con otros, de administrar el botín obtenido por los grupos de tareas en los secuestros.¿Se trata de una gran casualidad o es el mismo Hermelo? Uno de los que sostiene que el fiscal participó en la represión ilegal es el ex capitán arrepentido Adolfo Scilingo, quien relató los asesinatos ejecutados por la Marina en los vuelos que se hicieron para arrojar a personas aún con vida sobre el Río de la Plata.El procurador general Nicolás Becerra se enteró de la acusación de Scilingo por una investigación publicada por Clarín el domingo pasado -en la Segunda Sección- y decidió abrir un sumario administrativo donde analizará su trabajo como fiscal, investigará hasta la ideología de sus dictámenes y le pedirá explicaciones sobre su vida personal y pública.El fiscal Hermelo, atrapado en su pasado, habló con este diario y admitió que trabajó en la ESMA, aunque asegura que lo hizo en la Dirección de Talleres -donde cumplía sus tareas Scilingo-, que nunca vio nada extraño y que sólo se encargaba de liquidar sueldos y pagar impuestos. No sabía lo que pasaba, se excusó.Distintas fuentes confiaron que Hermelo trabajó en la Marina durante varios meses de 1977 gracias a la recomendación de un primo suyo, Ricardo Hermelo, capitán de navío que llegó a ocupar el entorno íntimo del ex jefe de la Armada, almirante Armando Lambruschini.Allí conoció a Scilingo. Se hicieron buenos amigos. Por eso el ex capitán fue elegido para entregarle una condecoración que les daban a los civiles que ayudaban a la Marina, escena que se fotografió y que ahora le puede costar el futuro a Hermelo.En ese momento Hermelo ya era abogado -coincidiendo con los archivos del CELS- y compartía sus tareas en la ESMA con su trabajo en Tribunales, donde ingresó en 1967 iniciando una carrera judicial que nunca interrumpió y en la que volvió a encontrarse con Scilingo hace dos años, cuando él le pidió ayuda para una causa en la que el marino era investigado por una extorsión.Hermelo fue nombrado fiscal de Ejecución Penal, cargo que ocupa ahora, el 5 de octubre de 1994, cuando era ministro de Justicia Rodolfo Barra.Aunque nadie se acuerda de quién lo recomendó, se da por hecho que pudo haber incidido en el nombramiento su padre, Oscar Hermelo -al que llaman el Cosaco-, que fue camarista penal y como juez estuvo a cargo de la masacre de la Puerta 12, cuando el 23 de junio de 1968 murieron 71 personas aplastadas en la cancha de River, luego de un partido de fútbol. Uno de los argumentos del fiscal para negar haber participado en la represión es que la Dirección de Talleres de la ESMA estaba a unos 400 metros del casino de oficiales y del resto de los sectores donde se torturaba a los detenidos, zona aparentemente vedada a los que no pertenecían al grupo de tareas 3.3.2., donde cumplían funciones, entre otros, el ex capitán Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz.Lo que nunca se supo es la lista certera de quiénes se encargaron de la venta de bienes saqueados en los secuestros, integrantes de la parte logística del grupo de tareas. Aunque se denunciaron a algunos nombres, hasta el día de hoy existe la vaga idea de que abogados y contadores dirigían esa tarea.Si bien es cierto que la aparición de un abogado de apellido Hermelo en las listas de represores no asegura que haya sido él -ya que las listas, en gran parte, fueron confeccionadas por lo que escucharon los detenidos- en la Asociación Madres de Plaza de Mayo dicen que hace tiempo que lo tienen en la mira, buscando algún dato que confirme sus presunciones.Además del primo marino que le consiguió el trabajo en la ESMA, el fiscal es nieto del contralmirante Ricardo Hermelo, que estuvo al mando de la Prefectura Naval, fue jefe de la Policía Federal y estuvo acusado, y luego absuelto, de fusilar obreros en la década del 30 como favor a los patrones de algunas empresas.En su círculo íntimo, El flaco -como le dicen- suele contar sus antecedentes familiares y mostrar la tragedia que siempre marcó su vida. En 1972, cuando era pinche de un Juzgado, fue testigo de un fusilamiento que puso entre cuerdas a su jefe, el entonces juez de instrucción Horacio Benini. El juez le había ordenado a Hermelo y a un custodio de apellido Silva que capturaran a un prófugo que habían descubierto trabajando en el subte de Callao y Corrientes. Lo hicieron, pero después, el custodio mató a tiros y por la espalda, al hombre recién capturado. Ese caso originó una investigación que todavía se comenta en los Tribunales y que puso en jaque al juez y al custodio, rozando al fiscal. Al final, todos fueron absueltos.Hermelo ahora tiene su despacho en Diagonal Norte 1750, donde se dedica a evaluar y hacer veredictos sobre el control y libertades de los detenidos de las cárceles federales del país. Vive en Palermo Viejo con su mujer, que es empleada de una Defensoría oficial y asegura estar pagando el crédito de un banco que lo ayudó a comprar su casa. Su futuro, ya se lo dijeron, tambalea ante la Justicia.
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