Lo llamaron botín de guerra. Se formó con las propiedades, desde las más sencillas hasta las más valiosas, de los miles de secuestrados que pasaron por la ESMA durante la última dictadura militar. Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 llegaron a montar una inmobiliaria para la refacción y venta de los inmuebles de los desaparecidos. ¿Cuál fue el destino de tantos millones de dólares?Alberto AmatoLa aparición en Suiza de cuentas bancarias a nombre de militares retirados, ex integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada que convirtió a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un centro clandestino de tortura y exterminio durante la última dictadura militar, sacó a la luz un aspecto de la represión ilegal a la subversión que, hasta hoy, había tapado el horror. Veinte años después de la "guerra sucia" y de la "plata dulce", emerge del desmadejado y umbrío pozo que dejó abierto la última dictadura militar, una nueva huella en el áspero camino hacia la verdad, que aún parece inalcanzable: el de la plata sucia, el lucro que dejó a los temidos Grupo de Tareas aquellos años de horror.Organismos de derechos humanos, ex "detenidos-desaparecidos" en la ESMA, militares retirados que recién hoy se animan a hablar, víctimas y victimarios en suma, calculan que no menos de setenta millones de dólares pasaron sólo por el Grupo de Tareas de la ESMA, integrado por poco más de ciento veinte hombres de la Armada que comandaba con mano de hierro el almirante Emilio Massera.Se calcula que cerca de cinco mil personas pasaron por la Casa de Oficiales de la ESMA, destinada a centro clandestino de detención, sala de torturas, depósito del "botín de guerra" y antesala de la muerte para la mayor parte de los secuestrados. Se cree que poco más de doscientas personas sobrevivieron.Las "fuentes de ingreso" de dinero del GT 3.3.2, según las fuentes personales y documentales consultadas por Clarín provenían de: - El saqueo de las casas de los secuestrados, de donde "la patota", como se conocía al grupo de secuestradores, se alzaba con dinero en efectivo, joyas, televisores, otros electrodomésticos, muebles, cuadros y cuanto hallaran o creyeran de valor. Tal lo que se desprende de los testimonios que se oyeron en el juicio a los ex comandantes del Proceso, en 1985.- El robo de los autos de los secuestrados que, o bien pasaban a formar parte de los "vehículos operativos" del Grupo de Tareas, o eran vendidos con documentación falsificada en la propia ESMA, según declaró a la Justicia uno de los sobrevivientes de esas mazmorras, Víctor Bazterra. El robo de automotores por parte de miembros de la ESMA siguió en forma "particular" al menos hasta 1983.- El dinero hallado en las también llamadas "casas operativas" del grupo guerrillero peronista Montoneros. Uno de sus ex jefes, Roberto Cirilo Perdía, dijo a Clarín que al menos doscientos mil dólares pasaron a manos del GT 3.3.2 sólo en diciembre de 1976, cuando fue apresado uno de los jefes regionales de la Capital Federal. Perdía calcula que otros veinticinco o treinta "responsables" (un término que en la jerga de los años 70 definía una jerarquía y una responsabilidad en los grupos guerrilleros) fueron apresados con entre veinte y cincuenta mil dólares.- Apropiación extorsiva de los inmuebles de los secuestrados o desaparecidos. No se sabe qué cantidad de casas y departamentos pasaron a manos del Grupo de Tareas entre 1976 y los primeros años de la década del 80, pero varios testimonios escuchados en el juicio a los ex comandantes y varios legajos de la CONADEP denuncian la existencia de una "inmobiliaria" armada por la ESMA para la venta de esos inmuebles.- Extorsión y chantaje a empresarios o a gente de dinero con familiares o allegados secuestrados en la ESMA, para garantizar la vida de esos detenidos, muchos de los cuales continúan hoy como "desaparecidos", lo que equivale a decir que fueron asesinados.- Venta de información a las familias de los secuestrados. En algunos casos, se habilitó a algunos secuestrados a telefonear a sus parientes y hasta a visitarlos. Varios fueron luego asesinados, según se desprende de la sentencia contra los ex comandantes que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal de la Capital Federal en 1985.- Secuestros con fines extorsivos de personas que no estaban relacionadas con la subversión.- Una suma nunca calculada de dinero proveniente de los bienes incautados al empresario Fernando Branca, cuya esposa, Martha Rodríguez Mc Cormack estaba vinculada al entonces almirante Massera. Branca desapareció el 28 de abril de 1977, en la Avenida del Libertador. En 1983, Massera fue procesado por la Justicia por estos hechos. Fue sobreseído en 1984 por "prescripción de la acción penal".- Estafas a la propia Armada. Según narró a Clarín el ex detenido Carlos García, secuestrado el 21 de agosto de 1977, que trabajó en el laboratorio de documentación e imprenta de la ESMA, "falsificábamos facturas que venían de Francia, principalmente del Centro Piloto, y de otros países europeos. Nos las traían Acosta, Schilling u otros oficiales de Inteligencia." Según García, esas facturas eran llenadas luego "con cifras enormes." El Centro Piloto de París fue una idea avalada por Massera de instalar en Francia una oficina destinada a "mejorar la imagen argentina". El intento de denunciar la actividad de los marinos le costó la vida a la diplomática Elena Holmberg, funcionaria de la Embajada Argentina en Francia que estaba a cargo de Tomás de Anchorena.- De los calculados setenta millones de dólares que pasaron por las manos del GT de la ESMA, sólo once millones trescientos mil fueron recaudados en dos hechos.El primero: en enero de 1977 el temido jefe del GT, el capitán Jorge Acosta, amenazó con torturar y violar a las hijas menores de diez años del "oficial segundo montonero" Toño González de Langarica, a cambio de que aceptara pasar a los marinos un millón trescientos mil dólares que el grupo guerrillero tenía depositado en Suiza, según revelaron Roberto Perdía en su libro Montoneros, la otra historia, el periodista Miguel Bonasso en un artículo del diario Página 12, y ratificó el propio Perdía en diálogo con Clarín. "Toño -dijo Perdía- tenía esa cuenta en Suiza a su nombre porque estaba a cargo de una operación compleja: debía comprar fierros (armas). Otro compañero, que aún vive y respeto, que no quiere figurar en esto y por eso no doy su nombre, también figuraba como titular de esa cuenta. Después de viajar a Suiza con los marinos, Toño fue obligado a dar una conferencia de prensa en Madrid como montonero arrepentido. A su lado estaba el teniente Benazzi (se refiere a Miguel Benazzi Berisso, miembro de Inteligencia del GT) que simulaba ser un montonero, hasta que se pisa al decir que él también abandona la organización subversiva. Fue luego ridiculizado por la revista Cambio 16." l segundo hecho comprende los diez millones de dólares en los que fueron valuadas las 26 hectáreas arrebatadas a las familias Cerutti-Masera Pincolini en Chacras de Coria, Mendoza .TestimoniosEn 1984, Juan Carlos Rossi denunció que fue secuestrado el 23 de agosto de 1978 y, sin razón alguna, lo llevaron a la ESMA. Allí fue torturado para que diera datos sobre personas que él no conocía. A los 14 días fue liberado en Olivos. "A la semana de haber desaparecido -narró Rossi- se hicieron presentes en mi casa unas dieciocho personas de civil las que, con dos camiones, procedieron a llevarse toda la maquinaria de la imprenta que poseía (...) Esto significaba el producto de toda mi vida de trabajo." La denuncia de Rossi figura en el Legajo 1948 de la CONADEP.En el legajo 6321 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas, Nilda Noemí Actis Goretta denunció que los miembros del GT se desplazaban en autos que habían sido previamente robados y con sus chapas patentes modificadas. La denunciante agrega: "(...) Para febrero de 1979 ya funcionaba una inmobiliaria con el fin de refaccionar las casas para la venta, ya que en algunos casos habían sido semidestruídas en el intento de secuestrar a sus moradores. El procedimiento consistía en obligar al detenido a firmar un poder mediante el cual autorizaba la venta de su vivienda. En algunos casos ese poder se falsificaba." En una de las sesiones del juicio a los ex comandantes, Miriam Lewin de García llegó incluso a dar la dirección de una de esas inmobiliarias: "(...) Me destinan a trabajar a una casa que se encontraba en el barrio de Núñez, en la calle Zapiola 3696, Jaramillo y Zapiola. Esa casa era propiedad de los padres del teniente Radice que ya no revistaba más en la Armada sino que se desempeñaba como secretario del almirante Massera en las oficinas de la calle Cerrito. El testimonio hacía referencia a uno de los hombres de confianza del ex jefe de la Armada, considerado como el mejor tirador del GT 3.3.2, a quien, hoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, vincula a la custodia personal del empresario Alfredo Yabrán, según una lista que la entidad hizo llegar a este diario). Exactamente en diagonal a esa casa -proseguía el testimonio- habitaba un primo de Radice de alias "Barbeta" (...) que estaba encargado de administrar para Massera propiedades que habían sido robadas o apropiadas a personas secuestradas. (...) En una oportunidad yo visito esa inmobiliaria que tengo entendido funcionó antes en Vicente López (...) quedaba en la calle Ciudad de la Paz, en un edificio estilo petit hotel (...)" Según pudo establecer 3Clarín en su investigación, en febrero de 1979 la "inmobiliaria" del GT 3.3.2 de la ESMA funcionaba en la calle Ignacio Warnes 350-352, de Vicente López. Meses después se trasladó a Ciudad de la Paz 1034, planta alta. Ese local fue alquilado con documentación falsa, sin que los dueños supieran nunca para que iba a ser usado.Otros de los secuestrados que pasó por la ESMA, además de por otros cuatro campos de concentración, es Mario Villani. Su casa fue vendida por el GT 3.3.2: "Creo recordar que me dijeron que habían puesto un aviso en el diario. Me preguntaron con qué escribano había comprado la casa y lo llamaron para avisarle que la iba a vender. Fuimos a lo del escribano, no recuerdo su nombre, y nos encontramos con el comprador. Una vez en la escribanía firmé la escritura y el comprador me entregó el dinero. A mi me acompañaron Juan Carlos Linares y otro que no recuerdo si era Paco o Federico (se refiere a dos represores de la ESMA, el primero miembro de la Policía Federal). Firmé, me dieron la plata dije mucho gusto y me fui con mis acompañantes. Subimos al auto y antes de arrancar me dijeron: Venga la guita. Escuché otros casos en los que el escribano lo ponían ellos". En su libro, el ex marino Adolfo Scilingo sostiene que la flota de autos robados por el GT 3.3.2 alcanzó en algún momento 202 vehículos. Entre ellos había patrulleros policiales, camiones camuflados como de empresas estatales, una camioneta especial a la que llamaban SWAT, camiones y ómnibus, además de autos que habían pertenecido a desaparecidos. El resto de los vehículos secuestrados había sido vendido. Scilingo, que admite haber dirigido la sección Automotores de la ESMA, cita como uno de sus colaboradores más estrechos al abogado Oscar Hermelo, a quien califica como "hombre de confianza del GT 3.3.2, que dependía de Massera". El hecho no debería llamar la atención si no fuera porque Hermelo es hoy fiscal de primera instancia en lo Criminal y ex fiscal nacional ante los Juzgados de Ejecución Penal. Consultado por Clarín, Hermelo dijo que nunca tuvo vinculación con el Grupo de Tareas de la ESMA. "Yo ayudé a Scilingo a liquidar sueldos de la gente. Esa área no tenía vinculación con grupos operativos. Conocimos mucho después lo que pasaba. Yo fui amigo de Scilingo. La amistad terminó. La de él es una operación de prensa contra mí. Estoy estudiando junto a otros colegas hacer una presentación judicial contra Scilingo." La batalla legal que está a punto de desatarse también contará con la participación del abogado Horacio Méndez Carreras, defensor de los familiares de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon, asesinadas en la ESMA, según reveló Scilingo y se desprende de los testimonios dados en el juicio a las juntas militares. "A partir del libro de Scilingo, estoy estudiando la posibilidad de pedir que se le quite la matrícula de abogado a Hermelo.", dijo a Clarín. Apenas unos fragmentos de la telaraña de sangre, horror y muerte que rodeó el accionar de los grupos de tareas de la dictadura, empiezan a deshilacharse. Detrás no se ve nada. Sólo preguntas. ¿Adónde fue a parar el llamado "botín de guerra"? Según algunas fuentes, parte del dinero de la ESMA financió el proyecto político de Massera y su órgano de prensa, el diario Convicción, en el que trabajaron como mano de obra esclava algunos secuestrados de la ESMA.El resto es un misterio. Si Suiza decide revelar la existencia de más cuentas a nombre de militares argentinos, si accede a hacer público el movimiento de esas cuentas halladas en la capital del dinero, fechas de depósitos y de extracciones, sería posible establecer el destino que se le dió al "botín de guerra".De lo contrario, sólo quedan las hipótesis. Y muy pocas certezas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entregó a Clarín una sugestiva lista de miembros del aparato de seguridad del empresario Alfredo Yabrán. En ella figuran quienes fueron los más temidos represores en el GT 3.3.2 (la mención del nombre de algunos de ellos aún provoca escalofríos en los sobrevivientes) en convivencia con varios ex secuestrados en la ESMA. En la lista se cita al capitán Jorge "Tigre" Acosta, a Roberto Fernández (que actuó con el alias de "Federico" en la ESMA), Angel Laurenzano (un ex secuestrado), el teniente Jorge Radice, el capitán Alberto González Menotti (conocido como "El Gato) y el ex oficial de la Armada Enrique Peyon. También figura en la lista Gregorio Ríos, detenido hoy bajo el cargo de haber instigado el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.Colaboraron: Mariano Thieberger, Guido Braslavsky, Damián Nabot. En Mendoza: Renato Di Fabio.Para la elaboración de esta nota, además de los documentos citados, se utilizó: Nunca más - Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Actas del juico oral y público contra los comandantes de las primeras tres juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional, Causa 13, 1984. La Sentencia, dictada en la Causa 13 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Pro Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Federal.
Fuente: Clarín - ArgentinaFecha : 2/1/98
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